epione y el rincon de pensar

Más de 30.000 personas que vivían en residencias de mayores en España han fallecido a causa del coronavirus (datos disponibles en febrero de 2023). Por comunidades autónomas, si tenemos en cuenta el porcentaje de las muertes en residencias sobre el total de fallecidos, Castilla y León  estaría a la cabeza con valores del 49,1%. Pero, ¿Cuál ha sido en realidad el impacto de la crisis en las personas más vulnerables, tanto en los centros residenciales como en los domicilios?  ¿En qué medida la mayor vulnerabilidad de las personas, el confinamiento prolongado al que fueron sometidas, aisladas durante meses y sin contacto con sus familiares, o los problemas en la atención sanitaria han podido influir en ello?

¿Por qué no se ha realizado una evaluación exhaustiva e independiente de la crisis, si se exceptúan algunos estudios que relacionan el déficit de personal con los efectos de la crisis en las residencias  o algunos estudios que analizan la relacion entre la mortalidad y el tamaño y titularidad de los centros residenciales? ¿Qué piensan los profesionales y las personas que la han sufrido? ¿Seremos capaces, en este contexto, de aprender de lo sucedido?. 

Se ha producido una “tormenta perfecta” que ha sacudido de forma importante a las personas que viven y trabajan en las residencias: las vulnerabilidad de las personas, tratándose de instituciones cerradas (con mayores tasas de contagio) y los problemas de  descoordinación con el sistema sanitario, han influido en las graves consecuencias de la crisis.

Durante la crisis,  tanto los profesionales, como las personas y familiares y los colectivos comunitarios han asistido como sufridores, teniendo escasas posibilidades de participación tanto en las sucesivas medidas de control como en las de “desescalada” (y ello sobre todo porque los políticos han renunciado a ejercer su responsabilidad pedagógica, comunicativa y explicativa ofreciendo nulas posibilidades de participación).

El poso de creciente desmotivación de los profesionales, y de alejamiento y desafección de las personas tardará en recuperarse y ya se está extendiendo a organizaciones públicas y privadas, que se ocupan de la atención de las personas.

Son conocidas desde hace tiempo, antes de que nos sorprendiera la pandemia, las debilidades y las fortalezas de los cuidados de larga duración en personas dependientes: la tendencia a la desinstitucionalización, promoviendo la atención a domicilio,  priorizando las preferencias de las personas y su calidad de vida y en general  conformando un modelo de atención en el que la dignidad, el respeto y el trato personalizado, deberían ser los elementos predominantes. 

Ahora bien, ¿en qué medida estas tendencias han de ser repensadas una vez superada la crisis? ¿Es suficiente con volver a la fase anterior a la crisis, si es que ello fuera posible? ¿Qué deberíamos aprender de la crisis, no solo para prevenir sus consecuencias en caso de que se repitiera, sino también para reforzar aquellas medidas que de verdad nos garanticen unos cuidados de larga duración de calidad?

Pero, sobre todo, ¿Cómo conseguir que las personas entiendan y apliquen las estrategias? Vivimos una época en la que las leyes,  las normas, las directrices políticas  y las estrategias sencillamente no se cumplen ni alcanzan a las personas a las que realmente van dirigidas: los ejemplos se repiten en muchos ámbitos y sucede especialmente en las estrategias de atención a la cronicidad o en los modelos de atención centrados en la persona. Por consiguiente, la cuestión relevante es: ¿Cómo avanzar, a partir de los modelos,  a los casos reales?

En primer lugar, deberíamos aprender de la crisis para renovar, para transformar, para conseguir que los cuidados de larga duración se integren en el territorio, huyendo de estructuras poco proclives al cambio, y para adaptarse al nuevo contexto sociodemográfico, económico y cultural. 

En segundo lugar, el elemento critico es la coordinación sociosanitaria, que exige, antes que nada, definir un marco político común, normativo y estratégico que se construya a partir de una visión compartida, por parte de los servicios sanitarios y sociales. Un marco que defina un modelo de convivencia en el que el valor fundamental es la empatía, el adecuado tratamiento a la dignidad y el respeto.

Este marco político  debe incluir una estrategia  de atención a las personas, que tenga en cuenta los principios de equidad, proximidad, seguridad, continuidad asistencial, calidad de vida de las personas y  financiación pública de la asistencia sanitaria. 

En tercer lugar,  las medidas deben adaptarse a cada territorio:  se trata de hacer trajes a medida, teniendo en cuenta la realidad de cada momento y de cada zona de salud o territorio, para lo cual los profesionales y las personas deben ser los protagonistas. Y para ello sería necesario una fase previa de autoevaluación, un análisis de lo que ha pasado y de hacia dónde nos encaminamos, un análisis que debe realizado también por los profesionales, las personas, las familias, los agentes comunitarios.

El liderazgo y la organización de los cuidados debe ser diferente si se quieren alcanzar resultados diferentes: es preciso replantearse el cómo además del qué.

 Algunas experiencias de coordinación y colaboración entre profesionales sanitarios y sociales, que ha surgido casi espontáneamente durante la crisis, son verdaderos ejemplos de esta estrategia y pueden ser el germen y el caldo de cultivo de nuevas experiencias y proyectos de integración asistencial. 

A continuación, esbozo un resumen de propuestas que sin afán de exhaustividad plantean los cambios que deberían emprender en los cuidados de larga duración en los próximos años.

• En los próximos años se deben plantear alternativas a los centros residenciales (cohousing, por ejemplo) siendo el eje de los cuidados el domicilio de las personas.
• En los próximos años se definirá un plan de humanización de
  los centros residenciales existentes, con criterios de calidad en diferentes apartados, seguido de una autoevaluación y de una auditoría independiente.
• Algunos centros residenciales existentes deberán adaptarse a las
  nuevas tendencias: con módulos sociosanitarios,  que pueden ser camas de convalecencia y/o de paliativos
• Poner en marcha  equipos mixtos sociosanitarios en cada zona básica o en varias zonas básicas,  definiendo un modelo de cogobernanza sociosanitaria, tanto a nivel de área de salud, como a nivel de zona básica o de distrito.
• El plan de atención sociosanitaria en los centros residenciales de carácter social debería partir de un estudio del estado de salud y de las necesidades de asistencia sanitaria de las personas ingresadas en las mismas.   Las personas institucionalizadas deberían disponer de un plan individualizado de cuidados que debería ser gestionado desde la atención primaria.
• Parece oportuno potenciar en los centros residenciales un uso intensivo de tecnologías, que permitan, entre otras cosas y fundamentalmente, mejorar y facilitar la accesibilidad y la comunicación de las personas con los profesionales.